El Gobierno podrá vetar las decisiones estratégicas de Enel en Endesa
@Carlos Sánchez - 20/04/2007
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La entrada de Enel en Endesa estará sujeta a condiciones. La Comisión Nacional de la Energía (CNE) aprobó ayer un informe sobre la presencia de la italiana en Endesa. En el documento se reclama al Gobierno que tenga derecho de veto sobre determinadas decisiones de Enel.
La CNE entiende que el hecho de que el Estado italiano controle algo más del 31% de las acciones de la eléctrica “supone ciertos riesgos” relacionados con “la seguridad pública energética española”, por lo que pide al Ejecutivo que tenga la última palabra sobre cuestiones estratégicas, tales como la política de inversiones o la venta de determinados activos.
El sentido de la decisión de la CNE ya fue adelantado el pasado miércoles por El Confidencial, y, según fuentes conocedoras del mercado energético, no supone un duro varapalo para la italiana, que desde el primer momento contaba con que el Gobierno español le impusiera determinadas condiciones por el hecho de que el principal accionista de Enel -y en el futuro de Endesa- es un Estado extranjero.
La eléctrica italiana, por lo tanto, seguirá adelante con su proyecto de quedarse con Endesa en compañía de la constructora Acciona, lo que significa que acatará las restricciones que, en su momento, le imponga el Ejecutivo. Condiciones que, incluso, ya han podido ser pactadas con el Gobierno español, que en todo momento ha estado detrás de la operación.
El Ejecutivo tiene la última palabra
De hecho, la resolución de la CNE no tiene carácter vinculante, toda vez que es el Consejo de Ministros quien debe autorizar que una empresa con mayoría de capital público pueda tener derechos políticos por más del 3%. Una disposición adicional aprobada en la Ley de Acompañamiento en 1999, en tiempos de Rodrigo Rato, vinculaba esos derechos a una autorización del Consejo de Ministros, previo informe de la Comisión Delegada. Desde entonces, los diferentes gobiernos han permitido hasta en 18 ocasiones que Estados extranjeros tomen participaciones significativas en sectores estratégicos, pero nunca se había autorizado una operación de la envergadura de Endesa, que representa nada menos que el 40% del sistema energético nacional.
En la resolución aprobada ayer se propone que el Gobierno supedite la autorización administrativa a que Enel comunique a la CNE su estrategia corporativa cuando así lo decida el regulador en relación a “aspectos que afecten a los intereses esenciales de seguridad pública en España”.
Igualmente, se requiere al Ejecutivo para que tenga derecho de veto a posteriori -no con carácter preventivo- en materias concretas (que no detalla por el momento) con el objetivo de poder velar “por los intereses públicos”.
La tercera recomendación se refiere a la necesidad de garantizar que Enel destine los recursos de Endesa a satisfacer los planes de inversión que requiera la compañía en materia energética, y no a otros fines. Por ejemplo, a repartir dividendos.
Mantener el reparto accionarial
Por último, y este es el aspecto más sorprendente, se reclama al Consejo de Ministros que establezca medidas adicionales condicionadas a los posibles cambios en la participación de Enel “que modificase la estructura de control” de Endesa. Dicho en otros términos, que lo que parece pretender el regulador es que italiana no altere el reparto accionarial pactado con Moncloa, y que, si sale adelante la OPA, supondrá que Enel llegará a controlar el 70% de la Endesa, mientras que el 30% restante estará en manos de Acciona.
La resolución de la CNE fue aprobada con los votos a favor de los consejeros nombrados a propuesta del PSOE y por el del ponente, José Sierra, adscrito inicialmente al PP, pero con gran autonomía de voto. El resto de consejeros cercanos al Partido Popular votó en contra, ya que lo aprobado va contra la filosofía de la célebre disposición adicional 27, que está recurrida por la Comisión Europea ante el Tribunal de Luxemburgo. El consejero Albentosa, también nombrado en el entorno del PSOE, se abstuvo.
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